¿Puede Cataluña ser independiente legalmente?

Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen hoy en día. ¿Podría Cataluña ser un estado independiente de forma legal? La respuesta es clara: actualmente no. Aunque los ciudadanos voten en toda España, tampoco podría ser.

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Introducción

Con la llegada de la democracia, vuelve a surgir el problema de las identidades dentro de una España que se disponía a cruzar de lado a lado. De una dictadura personalista a una democracia liberal.

Las actitudes prohibitivas de las manifestaciones culturales territoriales que no se asemejaban a las de un régimen de claro carácter nacionalista español no sofocaron las ansias de las zonas noreste y este de la península.

Por un lado, Euskadi propugnaba el mantenimiento de sus derechos forales que se habían aprobado con el Gobierno de la República Española en plena Guerra Civil. Por el otro, Cataluña había sido dotada de un Estatuto de Autonomía años antes, en 1932, también en época republicana.

No queremos encerrar el nacionalismo catalán dentro de un territorio, ya que no sólo se extiende dentro de los límites de Cataluña, sino que buena parte de las Comunidades Autónomas de Aragón y de la Comunitat Valenciana también esconden elevadas cifras de apoyo.

En 1936, antes del estallido de la sublevación militar, Aragón contaba con un proyecto de Estatuto de Autonomía (conocido como Estatuto de Caspe) que fue remitido al Congreso de los Diputados junto con el de Galicia. En la Comunidad Valenciana los intentos por buscar un consenso para la redacción final de un estatuto no dieron sus frutos. Por tanto, lo que hoy se achaca a un problema endémico de Cataluña, ahonda sus raíces en la vieja corona aragonesa y en la división político administrativa que se hizo en su día.

El último Habsburgo

Con la muerte del último rey de la dinastía de los Habsburgo, y por tanto, el inicio de la Guerra de Sucesión, ambos antiguos reinos se posicionaron en las dos opciones contendientes: por una parte, Castilla se proclamó leal a la recién llegada de Francia dinastía Borbón; mientras que Aragón optó por permanecer en el lado de los Austrias.

El triunfante Borbón Felipe V sancionó los conocidos como Decretos de Nueva Planta por los que se abolieron todas las instituciones que la Corona de Aragón poseía y se unificaban a las del Reino de Castilla.

Las políticas prohibitivas no hacen más que, una vez más, acrecentar el sentimiento de reivindicación de querer ser diferentes.

La aprobación de los Estatutos de Autonomía

Con la dictadura ya finalizada y en pleno proceso de descentralización autonómica, la aprobación de los estatutos de autonomía de Catalunya, Euskadi, Galicia y Andalucía por la vía rápida fue vista como un intento de remarcar el hecho diferencial de estas comunidades con el resto de España.

Andalucía se unió a éstos territorios -en su procedimiento de aprobación por la vía rápida- tras una multitudinaria marcha el 4 de diciembre de 1977 pidiendo la autonomía en todas las capitales de provincia andaluzas.

El derecho a decidir y la libre determinación de los pueblos

La encrucijada propuesta por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya de llevar a todos los ciudadanos a ejercer lo que se ha apodado como el «Derecho a decidir» ha establecido límites territoriales a la reivindicación.

El poder de la Generalitat, como es lógico, no puede ser ejercido fuera de los límites de la comunidad, por lo tanto acorrala el desafío soberanista a los límites de Cataluña. Pero los intentos de establecer límites al pensamiento no sólo vienen de la mano de Cataluña.

Las Cortes de Aragón no dudaron en inventar un nuevo término para no indicar explícitamente que se hablaba catalán en territorio aragonés: así, en la franja oriental de Aragón, no se habla catalán, sino la lengua aragonesa propia del área oriental (LAPAO), al igual que en el norte se habla la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica (LAPAPYP), ambos términos quedaron institucionalizados al aprobar la ley mencionada en el año 2009.

Evitar la excesiva identificación con Cataluña parece ser la única forma de evitar que se extienda el desafío soberanista, siendo evidente el sentimiento de desapego entre los gobiernos de las comunidades autónomas limítrofes a Cataluña.

La Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en su primer artículo, reconoce el principio de la libre determinación de los pueblos. Este principio fue básico en la configuración de la sociedad internacional, ya que este principio fue incluido para favorecer los intereses de los territorios colonizados y la aparición de nuevos estados.

La faceta sin duda más complicada de analizar de este principio viene derivado del problema de su aplicación a pueblos que se encuentren dentro del territorio de un Estado. Es por ello, que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución en la que se expresa que «ninguna de las disposiciones […] se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes».

El caso de Cataluña: pueblos y nacionalidades pero no naciones

España se caracteriza por tener un modelo de estado único en el mundo.

El Estado Autonómico ha sido una adaptación del republicano Estado Integral para salvar los perjuicios soberanistas que conlleva un estado con un modelo federal.

El estado autonómico supone una descentralización del poder en unidades autonómicas o federadas sin ser consideradas como tal. Es decir, los límites interterritoriales son simples marcas administrativas, aunque en clave política son verdaderos límites regionales, ya que las diecisiete comunidades están dotadas de un autogobierno dividido en las tres ramas de poder clásicas: un poder ejecutivo, denominado de diferentes maneras; un poder legislativo, formado por asambleas legislativas unicamerales elegidas mediante el voto popular de los ciudadanos de una determinada comunidad; e incluso un Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, encargado de la interpretación de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, por ejemplo, indica que su autogobierno nace «del pueblo, de la Constitución y del presente Estatuto»; en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña indica que el autogobierno nace de «los derechos históricos del pueblo catalán».

Ambos estatutos definen de manera distinta el término pueblo: de una manera teórica puede ser entendido como el pueblo de un determinado territorio y que este pueblo sea soberano.

Desde que saltó a la primera línea de la vida política en 2012 tras convocar elecciones autonómicas anticipadas al fracasar el llamado «pacto fiscal», el desafío soberanista ha tomado cuatro caminos:

  • la negación absoluta a la celebración del referéndum ‘sobre el futuro político de Cataluña’;
  • la búsqueda de un camino federal para algunas regiones;
  • el apoyo total a que Cataluña pueda celebrar un referéndum;
  • o el más radical de todos, apoyado por formaciones radicales en el ámbito soberanista, de declarar la independencia de forma unilateral.

Pero, ¿de verdad puede Cataluña ser independiente? Y, si es así, ¿Cómo cabe en la legislación la celebración de un referéndum similar al de Escocia o Quebec?

La sed de egoísmo humano ha marcado el mapa del planeta de líneas en donde los territorios y los sentimientos se dividen. El territorio no se crea, sino que la configuración del mapa actual es la constante evolución de la cartografía histórica. El sentimiento de sentirse diferente es una de las claves del nacionalismo, y este tiene como consecuencia la formación de nuevos estados.

Actualmente, todo nuevo estado es creado a partir de la división de otro, ya que no hay territorio que no esté bajo la soberanía de algún Estado. Lo realmente importante en la creación de nuevos estados no es tanto su creación como la adquisición de reconocimiento por parte de otros estados para poder ser reconocido como sujeto de derecho internacional, el ordenamiento jurídico de los estados.

Las tres teorías de la independencia: reparación, sentimiento y voluntad.

En el ámbito de las teorías del estado, tres teorías destacan al tratar de justificar el derecho de secesión de los pueblos, por tanto, de una parte de algún estado ya preexistente:

  1. la teoría de la reparación, basada en los argumentos para favorecer la descolonización;
  2. la teoría de la identidad nacional, basada en el término de nación y en la premisa a cada nación le corresponde un Estado;
  3. y la teoría de la voluntad plebiscitaria, basada en una de las bases sobre las que se sustenta la democracia: la elección popular.

La Teoría de la reparación

Allen Buchanan, en un artículo publicado en el diario ‘El País’, analiza concretamente el caso de Cataluña desde un punto de vista de la ciencia política. En él, Buchanan, analiza el desafío soberanista de Cataluña desde sus particularidades.

Buchanan ha defendido el derecho a la secesión siempre y cuando el territorio y los ciudadanos que habitan en el cumplan dos de las siguientes condiciones:

  • que haya sido objeto de una vulneración masiva de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales del territorio del que se quiere separar;
  • que se haya anexionado el territorio mediante conquista o presión internacional siempre y cuando no haya sido la voluntad del pueblo conquistado;
  • por último, estaría justificada la declaración de independencia si se da una redistribución de bienes y servicios claramente perjudicial para los habitantes del territorio que quiere independizarse.

Esta argumentación fue destinada a justificar la independencia de las colonias que los imperios europeos explotaban en el resto del planeta.

La Teoría de la identidad nacional

La idea de a cada Nación, un Estado es defendida por David Miller como exponente.

Pero la pregunta que determina la independencia de una parte del territorio es qué calificamos como nación, ya que al ser un término que se asemeja más a un sentimiento humano de pertenencia a una sociedad que a cualquier definición teórica.

El término nación tiene dos significados cambiantes dependiendo del contexto en el que nos encontremos.

  • En un ámbito jurídico, Sieyès, uno de los grandes teóricos de la Revolución Francesa, lo define como aquel sujeto de soberanía y, por tanto, según el modelo y el hilo constitucional europeo, del que emanan todos los poderes del Estado.
  • Pero en un ámbito politológico, nación es entendida más como un sentimiento que como un poder constituyente.

Así, Giuseppe Mazzini, indica que una nación es un conjunto de individuos que se comprometen a convivir y a ser regidos por unas instituciones comunes. Mazzini queda fuera el aspecto cultural que recoge Anthony D. Smith definiendo nación como «una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites».

El problema de esta teoría surge cuando se intentan poner límites a las naciones, ya que no forman un círculo cerrado.

Hoy más que nunca, las tradiciones, las culturas y los modos de vida se han abierto al mundo sin ningún tipo de límite.

En el caso catalán, el govern ha erigido siempre su lengua como eje de su reivindicación. Cabe destacar, que si bien la lengua es un elemento importante a la hora de establecer una definición de nación, no tiene porqué ser determinante en la actualidad.

De hecho, de limitar los Estados a las leguas propias de cada comunidad social, nos encontraríamos un mundo fragmentado en casi siete mil estados de los casi doscientos que hay en la actualidad (sin contar los Estados que no son reconocidos).

La Teoría de la voluntad plebiscitaria

Por último, la teoría de la voluntad plebiscitaria.

Esta teoría argumenta que los habitantes de una determinada área, tienen el derecho a decidir mediante un referéndum si quieren seguir formando parte de un determinado Estado o, por el contrario, si desean separarse y constituirse como un Estado propio. Esto es más bien una suerte de declaración de independencia unilateral que una transición pactada.

El primer artículo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, indica que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

En este aspecto, el término pueblo viene a tener la misma problemática que hemos planteado con el de nación, ya que si son considerados sinónimos quedaría aprobado por un Tratado Internacional, y por tanto por incluido en el bloque constitucional según nuestro ordenamiento jurídico.

Indicamos esto debido a que la actual Constitución impide el referéndum secesionista celebrado por las Comunidades Autónomas, incluso se indica que el artículo 2 «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», aunque el Pacto de los Derechos lo autorizaría.

Esto puede ser entendido como un obstáculo para frenar las posibles presiones que se reciban desde los entes autonómicos bajo la coacción de disolver el Estado.

Además, a través de este argumento surge el problema de quién tiene el llamado mediáticamente derecho a decidir.

Por una parte, las cuestiones que afecten a partes orgánicas, no ya de las leyes sino del Estado, se vería lógico que los sujetos participantes sean todos los habitantes del territorio. Por otra, si se trata de una minoría la que se quiere independizar se encontraría de frente con una gran desigualdad de decisión, ya que por definición son menos participantes en el proceso.

La cuestión de la soberanía

La actual configuración de España como un Estado Autonómico único en el mundo, hace aún más difícil si cabe la determinación de dónde reside la soberanía nacional.

Según la Constitución, la soberanía reside «en el pueblo español», se entiende por tanto que todas las instituciones emanan del pueblo en su conjunto.

Pero la complicación de determinar dónde reside la soberanía en el caso español nace de la construcción del Estado de las Autonomías y de la creación de las Comunidades Autónomas.

Cada Comunidad Autónoma desarrolla, a través de su ley principal, el Estatuto de Autonomía, una serie de instituciones para ejercitar su autogobierno, a saber, una asamblea legislativa, un gobierno ejecutivo y un Tribunal Superior de Justicia.

Si entendemos que la soberanía reside en el pueblo en su conjunto, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas serían del todo inconstitucional, ya que producen legislación en el nombre de una parte de la población y, por tanto, con una falta de legitimación soberana.

Esto puede explicarse de otro modo: un ciudadano extremeño, en base a su condición como ciudadano español y, por tanto, soberano ¿podría ejercer el derecho a votar a las Elecciones a las Cortes de Castilla y León? ¿En el nombre de quién producen la legislación las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas?

Al otorgar la autonomía a los entes comunitarios, las instituciones centrales, han fragmentado parte de la soberanía nacional en aras de que las instituciones autonómicas puedan ejercer sus competencias delegadas por la Constitución y las Leyes.

En el caso de que ésta explicación sea validada, puesto que no deja de ser una mera hipótesis, ¿no tendrían derecho las Comunidades Autónomas a plantear un futuro político en base a ese fragmento de soberanía decidido?

Conclusiones

Cataluña se ha convertido en el centro de las reivindicaciones nacionalistas no sólo de la comunidad catalana, sino que también es la abanderada de las personas que defienden un estatus diferente para Aragón y la Comunidad Valenciana.

Hay diferentes formas de hacer las cosas.

Bélgica también constituye un ejemplo de problemas identitarios. Este pequeño país de apenas treinta mil kilómetros cuadrados, algo más que la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene a la población dividida en dos grandes regiones. Por un lado, la Región de Flandes, flamenca parlante en el norte, y por otra la Región Valona francófona en el sur. La Región de Bruselas Capital es la única región bilingüe y nace de la necesidad de no integrar la capital en ninguna de las dos anteriores para así no mostrar ningún trato preferencial.

La configuración de Bélgica como un estado federal de la unión de estas tres regiones ha dado lugar a diversas crisis institucionales y de gobierno por el enfrentamiento entre las dos comunidades a lo largo de la corta historia belga (hemos de recordar, que Bélgica tan sólo tiene doscientos años desde que se independizó del Reino de los Países Bajos).

Estos enfrentamientos y la dificultad para formar gobierno con el apoyo de las dos regiones han dado lugar, por ejemplo, a que Bélgica se encontrase durante más de quinientos ochenta días sin gobierno tras la dimisión de Yves Leterme como primer ministro.

Paradójicamente, el país no se resintió, sino que con todo se produjo un descenso del paro y un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima de las previsiones oficiales, además de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional.

En 1995, Quebec (Canadá), los partidarios de la secesión de este territorio del Estado canadiense se quedaron a menos del uno por ciento de ganar el Referéndum para la independencia de Quebec con el 49,6% a favor del Sí, lo que provocó que el Parlamento de Canadá reconociera como Nación a los quebequenses, a pesar de las graves acusaciones de haber realizado una pregunta tendenciosa hacia la secesión.

En 2010, la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, intenta cortar de raíz el desafío catalán exponiendo que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española», dando al término unidad una doble dimensión: la de que no hay más Nación que España, y la de que ha de permanecer unida de manera indisoluble.

Esta sentencia ha tenido una vital importancia en el problema catalán, ya que anula el término nación al que el Estatuto de Autonomía de Cataluña se refiere continuamente identificándolo con los habitantes del territorio autonómico.

En el año 2000, el Parlamento de Canadá aprobó la llamada Ley de Claridad, el instrumento jurídico a través del que el Gobierno de Canadá puede entrar en negociaciones con los gobiernos regionales que desemboquen en una posible secesión.

Ya en 1998, la Corte Suprema de Canadá emitió una argumentación que indicaba que aunque Quebec no tiene derecho a la secesión unilateral de Canadá, un voto mayoritario a favor de este aspecto debe ser entendido por el Gobierno como un mandato ciudadano para una reforma constitucional y, por tanto, puede quedar abierta la puerta a la secesión, pero eso sí, pactada.

Por tanto, y para finalizar, la cuestión no sólo de Cataluña sino de las identidades españolas es mucho más que un referéndum.

España ha de saber aceptar que dentro de su territorio puede haber varias naciones y que todas ellas pueden convivir bajo un mismo aparato gubernamental.

Aunque la globalización ha dejado sus frutos en la manera de entremezclarse de las naciones, aún hoy quedan grupos, aunque difusos, que pueden ser considerados como naciones.